El delito que se investiga consiste en “la sustracción de fondos por parte de un funcionario público que los tuviese a su cargo, o la utilización en provecho propio o de un tercero de los trabajos pagados por la administración pública”.
En 2004, el juez Ricardo Farías llamó a indagatoria a 30 personas pero la defensa de los imputados interpuso decenas de recursos, lo que derivó en la apertura de más de 20 causas paralelas.
Además de los integrantes de la SRA Luciano Miguens, Juan Ravagnan y Carlos Mallmann, entre otros, también hay entre los imputados ex directivos del
BAPRO durante la gestión provincial de Eduardo Duhalde, y el ex procurador de la
ciudad durante la gestión de Fernando De la Rúa como jefe de Gobierno, Ernesto
Mercer.
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