viernes, 22 de mayo de 2015

Denuncia penal contra Metrovías por estafa y aprietes

El secretario general de los “Metrodelegados”, Roberto Pianelli, ratificó la denuncia penal contra jerárquicos de Metrovías por presunta estafa en el otorgamiento de viviendas a trabajadores del subte y vinculó la denuncia con el “apriete” sufrido por un trabajador, mientras la concesionaria inició una investigación interna y separó a seis de sus empleados.“Vamos a presentar una denuncia por la agresión sufrida por Federico Borgo y las amenazas dentro de la misma causa, porque está claro que la gente que estafó es la misma que tiene la impunidad de amedrentar a punta de pistola a los estafados y a quienes colaboramos con ellos”, dijo a Télam Pianelli.El delegado apuntó que “hay que ir a fondo con la estafa para ver quién fue el responsable y que se garantice la integridad física de los compañeros y no descartamos tomar medidas de fuerza para eso”.La línea C de subte realizó ayer por la tarde un paro entre las 15 y las 16 para denunciar el “apriete” sufrido por Borgo, quien fue interceptado mientras iba en su auto y “amenazándolo a punta de pistola le pegaron, lo tiraron al piso y lo obligaron a mandarle un mensaje con su celular a Beto que decía ‘Basta Pianelli'”.De la Torre atribuyó la agresión a la denuncia presentada por el legislador de Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli, para que se investigue a personal jerárquico de Metrovías y a un supuesto puntero político, Fabián Ventos, por presunta estafa en el otorgamiento de viviendas. Campagnoli dijo a Télam que la presentación busca determinar si la operatoria consistía en que “les ofrecían a trabajadores del subte viviendas construidas por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad a un precio muy barato, con boletos de preadjudicación con firmas apócrifas, a cambio de un depósito inicial de entre 70.000 a 150.000 pesos”.“Pese a que nadie recibió la vivienda prometida, la estafa alcanzaría a 350 trabajadores y llegaría a los 35 millones de pesos. Es evidente que hay vinculación con gente del Gobierno de la Ciudad y del IVC, porque se manejaba información a la que no cualquiera puede acceder”, indicó el legislador.La denuncia fue presentada ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, juzgado de Instrucción 26 y sostiene que “desde fines del 2014, cientos de trabajadores y trabajadoras del subte recibieron la oferta de adquirir inmuebles y firmaron documentos que eran presentados como boletos de pre adjudicación de distintas viviendas desarrolladas por el IVC”.Las viviendas que ofrecían eran de los terrenos de Casa Amarilla (Pi y Margall al 900), de Acumar (Luzuriaga 837) y Lafuente 64/70. En la mayoría de los casos, las viviendas ya estaban adjudicadas por una orden judicial o por el IVC.
Fuente:http://www.radionacional.com.ar/?p=60283

No hay comentarios.:

Publicar un comentario