La fundación de Gabriela Michetti no tenía ni CUIT

La empresa fue creada en 2009, con tres empleados, recién este año se presentó por primera vez ante la AFIP y la Inspección de Justicia con su balance. El pasado viernes Michetti fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuan al abrir una investigación para determinar si incurrió en algún delito en torno al dinero (245 mil pesos y 50 mil dólares) robado de su casa el 22 de noviembre de 2015. Según ella, 200 mil pesos provenían de la Fundación Suma. Por el robo fue procesado un custodio de Michetti, que entonces era vicepresidenta electa y senadora nacional. La denuncia fue del abogado Leonardo Martínez Herrero, a la que se acumuló otra de los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.La “Fundación Suma para el diseño de políticas públicas con visión estratégica” ya desde el nombre aclara a sus aportantes que se dedica a influir sobre el Estado, antes que las tareas “solidarias” que le atribuye Michetti. Formada el 15 de septiembre de 2009, la Fundación se mantuvo ilegal o trucha hasta este año: no había presentado un sólo balance en la Inspección General de Justicia hasta la semana pasada. Ya investigada penalmente, decidió legalizar la situación. Tampoco tuvo nunca empleados declarados, pese a que Michetti públicamente admitió pagarle a la Directora y a dos personas que realizaban tareas full time en una entrevista en Radio Vorterix (¿trabajadores en negro?). Recién a fines de julio y luego de presentada la denuncia penal, la Fundación se inscribió frente a la AFIP como empleadora.Esto significa que prácticamente ninguna actividad de la Fundación fue fiscalizada por el Estado, ni siquiera las supuestas asambleas, que recién fueron presentadas todas juntas bajo el rótulo “fuera de término” la semana pasada ante la IGJ.Por ley, las donaciones a una Fundación deben estar bancarizadas, y para abrir una cuenta a su nombre, la fundación debe contar con todos los papeles de inscripción reglamentarios, que nunca habían sido terminados. La ley también indica que: “Todas las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $50.000 o el equivalente en especie, en un solo acto o en varios, que individualmente sean inferiores a dicha cifra pero que en conjunto la superen, realizados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los 30 días, deberán presentar una declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Por ejemplo, un contratista del estado podría recibir un contrato millonario “inflado” y hacerle el “retorno” a los funcionarios que “facilitaron” ese contrato a través de una fundación que ellos mismos manejen. Los 30 sponsors de Gabriela Michetti en la Fundación Suma son contratistas millonarios del gobierno macrista.
Fuente:http://www.diarioregistrado.com/politica/la-fundacion-de-gabriela-michetti-no-tenia-ni-cuit_a57b09cc84717bf89217c4087